La Corte Suprema de Justicia de Tucumán citó por primera vez a los casi 50 jueces de Paz para conversar sobre sus carencias. La convocatoria está programada para este martes a las 9 en el Palacio de Justicia. El comunicado de prensa oficial distribuido este viernes dice que se trata de un “encuentro inédito” y que en él se tratará el problema crítico de la proliferación de las vacantes. En principio, participarían de esa reunión los cinco vocales: Daniel Posse (presidente), René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar. Luego, Posse prometió que dará una conferencia de prensa para comentar los detalles de la cita.
La convocatoria tiene lugar en circunstancias críticas para la Justicia de Paz. El 32% de los despachos carece de titular y el último nombramiento tuvo lugar el 5 de agosto de 2013. Ese día, el ex gobernador José Alperovich designó a la abogada María Beatriz Peluffo como jueza de Paz. A partir de entonces, las acefalías comenzaron a crecer y a propagarse, y en el presente afectan a al menos 23 de los 72 juzgados ubicados en zonas rurales de la provincia.
Las dificultades de todo tipo derivadas de la falta de cobertura de vacantes se profundizaron durante el Gobierno de Juan Manzur. Los nombramientos de jueces de Paz dependen de una decisión discrecional del Poder Ejecutivo que ha de recibir el acuerdo de la Corte. A diferencia de los jueces, fiscales y defensores oficiales, para ser titular de un juzgado de Paz no hace falta haber acreditado la idoneidad en un concurso público de antecedentes y de oposición.
En noviembre de 2017, al llegar a la presidencia de la Corte, Posse dijo que había reclamado muchas veces las designaciones. “Mi preocupación es pública, como consta en LA GACETA. Me parece tremendo, y lo digo con todas las letras, que no haya nombramientos de jueces de Paz. Hace muchos años que arrastramos esta situación y no es tan complejo resolver el asunto. En algunos casos, el gobernador tendrá que pensar, pero entiendo que, dadas las circunstancias por las que atraviesa la Justicia, los nombramientos deberían ser rápidos”, opinó.
A la escasez de jueces de Paz se suma la circunstancia de que el modelo de trabajo sigue limitado a las competencias de los legos pese a que dos leyes consagraron el paradigma letrado. Esta situación normativa existe desde 2004, pero, sin embargo, el Gobierno siguió nombrando ciudadanos sin título de abogado al amparo del artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habilita la incorporación de legos hasta tanto la Justicia de Paz Letrada esté en funcionamiento. La falta de implementación de ese cambio institucional impide la ampliación de los servicios jurídicos (particularmente la posibilidad de resolver causas de menor cuantía) en localidades alejadas de los centros judiciales de la capital, Concepción y Monteros.